Corralito en Paraguay

El colapso de Bueno Bank deja a 3 millones de ahorristas en vilo y desata una tormenta política

Se estima que cerca de 3 millones de paraguayos (casi la mitad de la población) tienen sus cuentas bloqueadas.
Una crisis financiera, social e institucional sacude a Paraguay tras la intervención del Banco Central al Bueno Bank (también referido como Ueno Bank), una de las entidades financieras más grandes del país. La medida, adoptada ante graves irregularidades y un colapso en sus indicadores de solvencia, restringe el acceso a los ahorros de sus clientes por al menos 15 días, replicando el fantasma del "corralito" en una nación de poco más de 6 millones de habitantes.
 
El alcance del desastre es sistémico. Se estima que cerca de 3 millones de paraguayos (casi la mitad de la población) tienen sus cuentas bloqueadas. Pero lo más alarmante es el destino de los fondos públicos: aproximadamente 800 millones de dólares en dinero del Estado están atrapados en la entidad, incluyendo más de 300 millones de dólares pertenecientes a los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), además de depósitos de Petropar, la ANDE e Itaipú.
 
La crisis ha destapado una red de conflictos de interés que llega hasta la cúspide del poder. El presidente Santiago Peña fue accionista del banco hasta 2025, y el ex presidente del Banco Central, Carlos Carballo, había sido previamente presidente de la misma entidad financiera. Esta dinámica de "puertas giratorias" y la aparente "vista gorda" de los reguladores han encendido la mecha de la indignación popular y política.
 
Como consecuencia, la oposición y sectores disidentes del propio partido oficialista (Colorado) ya avanzan con un borrador de juicio político contra el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, exigiendo responsabilidades por lo que denuncian como un esquema corrupto y un vaciamiento institucional. Mientras tanto, las calles comienzan a caldearse con movilizaciones y disturbios frente a las sedes del banco.
 
Aunque el Banco Central ha activado un fondo de garantía que promete devolver los depósitos de hasta 75 salarios mínimos en un plazo de 8 a 15 días, el destino de los ahorros de las grandes empresas y las instituciones estatales sigue siendo una incógnita absoluta. Paraguay se enfrenta ahora a una prueba de fuego: devolver la confianza a una ciudadanía que ve peligrar el fruto de su trabajo, mientras el tablero político amenaza con hacer estallar las instituciones.
 
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