El Gobierno lleva la pelea a la Corte Suprema

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas escaló un peldaño más. La administración de Javier Milei apeló a la Corte Suprema de Justicia buscando frenar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Congreso aprobó pese al veto presidencial que recibió en 2025.

¿Cuál es el argumento oficial?

El Ejecutivo sostiene que la ley es "inaplicable" porque no especifica de dónde saldrá el dinero. Según su visión, la norma debería haber detallado qué partidas del presupuesto nacional deben recortarse o reasignarse para financiar la actualización de salarios docentes y la recomposición de becas estudiantiles.

La Justicia ya se había pronunciado... y no le dio la razón

El pasado 31 de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó esta postura. La Sala III fue clara: no puede suspenderse una ley del Congreso argumentando que falta precisión presupuestaria. Los jueces confirmaron una cautelar que obliga al Estado a cumplir ahora mismo con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795.

¿Y ahora qué pasa?

A pesar del recurso ante la Corte, el Gobierno asegura que sí va a pagar —pero a su manera. El plan es incorporar los fondos necesarios dentro del presupuesto 2026 y ejecutarlos de forma mensual, en lugar de realizar un desembolso inmediato y único.

Dos frentes judiciales, un mismo escenario

Esta disputa universitaria no es la única que tiene a la Corte Suprema como árbitro. La Casa Rosada también impulsó un per saltum para suspender la reforma laboral. El máximo tribunal argentino quedó así en el centro de dos batallas políticas de alto voltaje.