El Gobierno nacional delega a provincias.

Santa Fe asume el control de las rutas, pero con interrogantes sin resolver

El Ejecutivo federal oficializó un nuevo modelo de gestión vial que traspasa responsabilidades operativas a nueve jurisdicciones, entre ellas: San Juan.
19/04/2026
El Ejecutivo federal oficializó un nuevo modelo de gestión vial que traspasa responsabilidades operativas a nueve jurisdicciones, entre ellas Santa Fe. Sin embargo, el mecanismo plantea dudas sobre los plazos, los recursos y el verdadero alcance de la medida.
 
El viernes pasado, el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 253/2026, una normativa que modifica profundamente la administración de la red vial nacional en Argentina
 

¿Qué cambia concretamente?

La medida habilita a Santa Fe —junto a Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz— a licitar, adjudicar y supervisar concesiones de obras públicas sobre tramos de rutas nacionales mediante el sistema de peaje.
 
Esto significa que el gobierno provincial de Santa Fe, podrá convocar a empresas privadas, mixtas o entes públicos para hacerse cargo del mantenimiento, la ampliación y la reparación de corredores viales.
 
La ruta nacional A012, clave para el acceso a los puertos del cordón industrial del Gran Rosario, es el primer tramo que Santa Fe buscará gestionar bajo este nuevo esquema
 

El dilema de la "pelota" sin reglas claras

A pesar de la expectativa generada, el traspaso no es tan lineal como parece. El decreto establece que la provincia debe firmar previamente un convenio con la DNV para cada tramo específico, determinando el alcance y el plazo de las competencias delegadas
 
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, expresó cautela ante la medida: "Tenemos que ver bien de qué se trata, cuáles son las condiciones y si hay recursos", señaló en declaraciones públicas
 

Limitaciones y controles

La normativa impone restricciones significativas. Las provincias no podrán agrupar rutas o tramos de diferentes jurisdicciones en una misma licitación, lo que complica planes como el reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario
 
 
Los plazos son estrictos: una vez firmado el convenio, Santa Fe tendrá un año máximo para lanzar la licitación. Si no lo hace, perderá automáticamente la facultad sobre ese corredor. Una vez adjudicado el contrato, deberá otorgar la posesión en 90 días hábiles
 
 

Responsabilidad total para la provincia

Un punto crítico es que la provincia asumirá la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la ejecución de los contratos, incluyendo reclamos de usuarios y terceros. Deberá garantizar, además, la indemnidad del Estado nacional ante cualquier litigio
 
 
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, adelantó que la provincia apuesta a crear un ente público-privado que incluya a los municipios de la región para coordinar la administración a largo plazo. La propuesta contempla el cobro de una tasa única a los camiones que se dirijan a los puertos, garantizando así el financiamiento de los arreglos.

Un cambio con incertidumbres

El nuevo esquema representa una apuesta a la descentralización operativa, pero mantiene el control estratégico en manos del Gobierno nacional. Las rutas seguirán siendo patrimonio federal y bajo jurisdicción nacional; lo que cambia es quién ejecuta y administra el día a día.
 
Para Santa Fe, la oportunidad es clara: poder intervenir con mayor celeridad en corredores críticos como la A012, que registra un siniestro vial cada 10 días