El rastro digital del tirador santafesino llega a Salta

A más de un mes del ataque que conmocionó a Santa Fe, la investigación judicial se expande a otras provincias. Esta vez, el foco está puesto en Tartagal, Salta, donde la justicia allanó dos viviendas y secuestró equipos electrónicos que podrían contener conversaciones con el tirador de 15 años.

El hecho que originó todo ocurrió el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno 40 de San Cristóbal. Allí, Gino C., un adolescente de 15 años, disparó contra sus compañeros: mató a Ian Cabrera (13) y dejó varios heridos. La investigación posterior reveló que el joven participaba en comunidades virtuales que fomentan discursos violentos.

Ahora, los fiscales intentan determinar si había una red de agitadores que operaba desde distintos puntos del país. Y Salta apareció en el mapa.

¿Qué encontraron en Tartagal?

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Menores de Salta, a cargo del juez Aníbal Burgos, y ejecutados bajo la supervisión del fiscal Pablo Cabot. Los efectivos secuestraron teléfonos, computadoras y otros soportes digitales.

En un primer análisis, los peritos hallaron referencias concretas a la causa santafesina. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal salteño aclararon que, en principio, no existe ningún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad local. Es decir, todo apunta a que los vínculos son exclusivamente con el ataque de San Cristóbal.

Medidas de protección

Por tratarse de menores de edad (tanto víctimas como investigados), la causa se maneja con estricta reserva judicial. Las autoridades ya activaron los protocolos de infancia:

1. Interviene la Asesoría de Incapaces.
2. Participa la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.
3. Se colocó una consigna policial fija en el domicilio allanado.
4. Habrá una audiencia en el Juzgado de Menores con el adolescente investigado, sus padres, la fiscalía y la asesora legal.

Un caso que reabre el debate

Más allá de las derivaciones judiciales, el ataque de San Cristóbal y estos nuevos allanamientos vuelven a poner sobre la mesa un tema urgente: el impacto de las comunidades virtuales en la violencia adolescente. Las autoridades no descartan que existan más contactos en otras provincias, aunque por ahora el foco está puesto en lo que revelen los dispositivos secuestrados en Tartagal.

El próximo paso será la audiencia ante el Juzgado de Menores, donde se definirá la situación procesal del adolescente salteño involucrado. Todo, bajo el más absoluto hermetismo.