Política y Justicia

El Gobierno apelará el fallo que anuló la veeduría sobre la AFA

La Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de domicilio de la entidad a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la intervención informativa. Desde el Ministerio de Justicia buscarán revertir la decisión para mantener el control sobre la documentación de la entidad.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que anuló la veeduría dispuesta sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su domicilio social a la provincia de Buenos Aires.
 
La sentencia, conocida este miércoles 18 de junio, declaró la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Justicia y de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esas disposiciones habían rechazado el cambio de sede y ordenado una intervención informativa por 180 días hábiles.
 
El eje de la decisión judicial se centra en la competencia territorial. Los camaristas sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires autorizó el traslado de la AFA al partido de Pilar, el control de legalidad de la entidad quedó bajo la órbita provincial.
 
En el fallo, los jueces cuestionaron el accionar administrativo de la IGJ nacional. Consideraron que el organismo se "erigió por encima" de la autoridad provincial al intentar fiscalizar un domicilio que ya había sido aceptado por la jurisdicción bonaerense, excediendo así su esfera de competencia.
 
Fuentes oficiales aseguraron que la apelación está confirmada. Desde el Ejecutivo buscan evitar que el cambio de domicilio cierre la puerta a la revisión de balances, documentación contable y decisiones institucionales de la AFA.
 
El fallo también abrió un debate interno en el Ministerio de Justicia. Funcionarios de la actual gestión, conducida por Juan Bautista Mahiques, señalaron que la sentencia evidencia errores de la administración anterior. Según estas fuentes, la IGJ no impugnó de manera eficaz el acto provincial que convalidó el traslado.
 
Con la presentación ante la Cámara de Apelaciones, el Gobierno intentará que se revierta la medida y se restablezcan las facultades de fiscalización estatal sobre la entidad que rige el fútbol argentino.