DEUDA EXTERNA

Diputados aprobó el pago de USD 171 millones a fondos holdouts por deuda de 2001

La iniciativa recibió 139 votos a favor y 97 en contra. El acuerdo busca evitar embargos sobre activos argentinos en el exterior y contempla una quita del 30 por ciento sobre el monto original reclamado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pago de USD 171 millones a dos fondos que mantienen títulos de la deuda defaulteada de 2001. El proyecto recibió 139 votos positivos y 97 negativos, logrando la sanción definitiva tras su paso por el Senado.
 
El acuerdo establece el pago de USD 67 millones para la firma Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. La ratificación parlamentaria debía concretarse antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento de conciliación alcanzado en la Justicia de Estados Unidos.
 
El objetivo del pago es dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesan sobre activos soberanos del país en el exterior. Entre estos bienes se encuentran acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
 
Durante el debate, el oficialismo destacó los beneficios del acuerdo. El diputado Bertie Benegas Lynch explicó que la negociación logró una quita del 30 por ciento sobre el remanente adeudado, la exención del pago de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones judiciales contra el país.
 
El bloque oficialista contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y diversos bloques provinciales. Entre las fuerzas que acompañaron el proyecto se encuentran Provincias Unidas, Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz e Independencia.
 
Por su parte, la oposición rechazó la iniciativa. Los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota votaron en contra.
 
El diputado Miguel Ángel Pichetto argumentó en contra del proyecto al sostener que la ley carece de la asignación presupuestaria correspondiente. Según indicó, la normativa impulsada no cumple con los requisitos que exige la Ley de Administración Financiera para la ejecución de gastos.