CASO JUDICIAL EN CATAMARCA

Un empleado de la Corte provincial se habría pagado un sobresueldo de $15 millones

Un contador que trabajaba en la liquidación de haberes del Poder Judicial catamarqueño alteró su propio recibo durante diez meses. La causa está elevada a juicio y la defensa apeló la resolución.
Un contador público de 34 años está próximo a enfrentar un juicio en Catamarca acusado de defraudar a la Administración Pública provincial por más de $15 millones. Según la investigación, el hombre aprovechaba su cargo en el área contable de la Corte de Justicia para agregarse adicionales indebidos a su propio sueldo.
 
El imputado es Gonzalo Guiñazú, quien trabaja en el Poder Judicial de Catamarca desde 2017 y desde 2022 se desempeñaba en la Secretaría Contable del máximo tribunal provincial. Allí se encargaba de la liquidación de haberes de los empleados del organismo.
 
De acuerdo con las fuentes judiciales, la maniobra se ejecutó entre marzo de 2024 y enero de 2025. Durante ese período, el contador modificó su propio recibo de sueldo en al menos seis ocasiones, incorporando conceptos que no le correspondían. Entre los ítems agregados figuran "haberes adeudados", "adicional por 30 años de servicio" y liquidaciones con categorías superiores a las que realmente tenía.
 
Estos conceptos adicionales repercutían en aumentos sobre otros rubros del recibo, lo que incrementaba el monto total del fraude. Para cobrar los haberes adulterados, Guiñazú enviaba al Banco Nación las liquidaciones oficiales del Poder Judicial catamarqueño con los montos modificados.
 
El caso salió a la luz en febrero de 2025, cuando el secretario contable de la Corte, Pablo Rachid Florit, realizó una consulta al sistema informático del tribunal y detectó que en el último sueldo del contador figuraba el concepto "haberes adeudados". La situación llamó la atención de las autoridades porque no existía deuda alguna con el empleado ni tampoco había cumplido los 30 años de servicio que justificaran el adicional.
 
A partir de esa detección, se realizó una revisión de los meses anteriores y se comprobó que la maniobra se repetía en al menos cuatro oportunidades. El fiscal de Instrucción n°6 de Catamarca, Facundo Barros Jorrat, intervino en la causa y en octubre de 2025 elevó el caso a juicio. Una pericia contable determinó que el daño al erario público provincial ascendió a $15.400.000.
 
La defensa del imputado presentó una serie de planteos de nulidad, entre ellos uno referido a la prueba digital obtenida de una computadora. El abogado defensor argumentó que se trataba de un equipo personal, pero el juez de Garantías n°1, Santiago Ahumada Franzzini, rechazó el planteo en abril de 2026 al determinar que el equipo informático era propiedad del Poder Judicial.
 
El magistrado dispuso que la causa pase a la Cámara Criminal para que se fije fecha de inicio del juicio oral. Sin embargo, la defensa apeló esa resolución y el expediente se encuentra ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que debe definir la situación procesal antes de que comience el debate.
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