INFORME ESPECIAL / DOSSIER JUDICIAL

Radiografía de la causa: el mecanismo de lavado con datos biométricos y su nexo con la investigación sobre AFA

Un análisis del expediente que llevó a la detención de una empleada judicial y cuatro financistas. La investigación detalla cómo se utilizaba a personas vulnerables para fragmentar fondos y el cruce de nombres con la causa que investiga a Sur Finanzas.
La detención de Albertina Mangini, empleada judicial que se desempeñaba en la Oficina de Coordinación del Patronato de Liberados, marcó el inicio de una investigación más amplia sobre un presunto circuito de lavado de activos por 27.000 millones de pesos. La causa, instruida por la fiscal Betina Lacki (UFI N° 2 de La Plata), revela una estructura organizada en distintos niveles de operación.
 
De acuerdo con el expediente, el primer eslabón de la maniobra consistía en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica o bajo tutela judicial. Según la hipótesis fiscal, se les ofrecían 80.000 pesos a cambio de ceder sus datos personales y biométricos, incluyendo fotografías faciales y el escaneo del iris. Con esta información, presuntamente se abrían cuentas en billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago y PayPal, que luego eran controladas por la organización para actuar como "mulas" financieras.
 
El siguiente nivel de la estructura, denominado por los investigadores como "subcircuito de dispersión y reciclaje", estaba integrado por cuatro financistas: Ignacio Leonel Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. Su función era recibir los fondos, fragmentarlos y derivarlos a distintas plataformas para alejarlos de su origen ilícito.
 
Un informe del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal registró que, solo a través de la plataforma HAZ PAGOS, Marchioni movimentó un flujo bruto superior a los 27.000 millones de pesos durante el último año. Esta actividad resultó incompatible con su situación fiscal declarada, lo que derivó en el bloqueo definitivo de su operatoria por parte de la empresa, que detectó un incremento de riesgo asociado a hechos investigados en la causa Sur Finanzas.
 
Este es el punto de conexión central del expediente. Tanto Marchioni como Campoli Sillero ya se encuentran imputados y con inhibición general de bienes en la investigación federal que lleva adelante el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada al exsponsor de la AFA, Maximiliano Vallejo. La fiscalía evalúa si se trata de dos estructuras independientes que utilizaron al mismo operador o si existe un circuito de fondos que conecta ambas investigaciones.
 
La maniobra incluía, según la acusación, el uso de casinos online ilegales como una "licuadora" financiera para transformar los fondos en supuestos créditos de juego y devolverlos al circuito formal con apariencia de legalidad, una técnica conocida como "pitufeo" o smurfing.
 
La causa tramita ante el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo. La fiscalía podría solicitar en los próximos días la prisión preventiva de los imputados. Desde el gobierno provincial aclararon que Mangini es una empleada del Ministerio Público Fiscal con acceso a la información de liberados por un convenio de supervisión vigente, pero que no mantiene vinculación laboral directa con el Ministerio de Justicia bonaerense.