SERVICIOS PÚBLICOS

Un consorcio liderado por empresarios argentinos se adjudicó la concesión de AySA

El grupo integrado por las empresas Rowing y Transclor, junto a capitales brasileños, ofreció 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones. La concesión se extenderá hasta 2056 e incluye compromisos de inversión por 1.940 millones de dólares en el primer quinquenio.
Un consorcio integrado por empresas argentinas y brasileñas se adjudicó la concesión del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La oferta económica ganadora fue de 340,2 millones de dólares, superando a la presentación realizada por el Grupo Roggio.
 
El grupo adjudicatario está liderado por Rowing, la empresa de ingeniería y servicios de Walter Román, junto a Transclor, de Mauricio Filiberti, y la brasileña Arcos Saneamento (del grupo Equipav). También participa en la sociedad un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
 
 
La concesión tendrá una duración de 30 años, con vencimiento en 2056 y una posible prórroga de diez años más. El servicio abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, cubriendo a aproximadamente 15 millones de habitantes. El Estado nacional conservará el 10% restante de las acciones, las cuales permanecen en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
 
Según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, el nuevo operador deberá ejecutar un Plan de Acción para el periodo 2027-2031. Esta primera etapa compromete una inversión obligatoria de 1.940 millones de dólares (a valores de diciembre de 2025), destinada al mantenimiento, renovación y ampliación de redes y plantas de tratamiento.
 
 
El contrato establece que la tarifa se mantendrá congelada en términos reales durante el primer ciclo de cinco años, sin aumentos adicionales salvo las excepciones previstas en la normativa. El modelo económico proyecta una rentabilidad real del 8,9% para el operador.
 
Las metas de cobertura de servicio son graduales. Para 2031, se espera que el agua de red alcance al 75,3% de la población del área y el servicio de cloacas al 63,9%. Al final de la concesión, en 2056, los objetivos se elevan al 90% para agua y al 75% para cloacas.
 
 
La transición de la empresa pública a la gestión privada se produce tras un proceso de reestructuración iniciado en abril de 2024. Dicho proceso incluyó actualizaciones tarifarias y reducciones de personal mediante retiros voluntarios. Según datos oficiales, la compañía logró cubrir sus gastos operativos con la recaudación de los usuarios durante el último ejercicio.
 
 
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) conservarán sus facultades de control. Un Auditor Técnico Independiente certificará anualmente las inversiones realizadas, y los incumplimientos graves o reiterados podrán derivar en multas o en la caducidad de la concesión.