Keiko Fujimori pide facultades especiales al Congreso para combatir el crimen organizado

Lima – La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, solicitó este viernes al Congreso facultades para legislar contra el crimen organizado y enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país, la peor desde el fin del conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

Con 34 millones de habitantes, Perú registra un incremento alarmante de los índices delictivos. Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

En el poder desde el 28 de julio, Fujimori elevó al Legislativo un pedido de urgencia para decretar normas que le permitan combatir a las redes del crimen. Una de las primeras medidas planteadas en el proyecto es la designación de "organizaciones criminales como organizaciones terroristas", según el texto enviado al Congreso.

"Los delincuentes desafían al Estado porque buscan donde no hay militares y policías para disparar. La ciudadanía va a ver respuestas concretas para eso vamos a necesitar las facultades", dijo el primer ministro Luis Galarreta al canal N de televisión.

Proceso legislativo y alcances

El pedido deberá ser tratado por la Cámara de Diputados y el Senado peruano. Si ambas cámaras aprueban la iniciativa, el gobierno podrá emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días.

Además de enfrentar la inseguridad, el gobierno espera expedir normas para encarar el fenómeno climático de El Niño, que los expertos anticipan podría ser el más intenso registrado, con lluvias y calores extremos.

Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio y durante la campaña prometió que enfrentaría a la delincuencia con "puño de hierro", en referencia al estilo de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por violaciones de derechos humanos.

En su discurso de investidura, la mandataria anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, narcotraficantes y otras bandas.