Procesaron al extitular de ARSAT: tenía 2,6 millones de dólares en efectivo en dos casas

El extitular de ARSAT Facundo Leal guardaba dólares en efectivo por un total de 2,6 millones en dos domicilios, uno en Palermo y otro en Mendoza, allanados por la Justicia en la investigación por presunta corrupción en la empresa estatal de telecomunicaciones. Así se confirmó en el procesamiento que se le dictó esta semana, según consignó el medio que difundió la información.

Según detalló el juez federal Lino Mirabelli en una resolución de 182 carillas, en el departamento del piso 16 en Ortiz de Ocampo al 2600, en la ciudad de Buenos Aires —donde vive Leal y tiene arresto domiciliario en otra causa por droga—, se secuestraron 813.754 dólares. También había estupefacientes, cinco celulares, dos notebooks, documentación vinculada a la licitación que se investiga y efectivo en pesos argentinos, uruguayos, colombianos, reales brasileños, chelines tanzanos, mexicanos y euros.

En otra vivienda allanada, esta vez en Mendoza y también perteneciente a Leal, se encontraron 1.787.600 dólares en efectivo. En total, el entonces funcionario guardaba 2.601.354 dólares. El origen de ese dinero es eje de otra investigación paralela que se le abrió en el juzgado de San Isidro por presunto enriquecimiento ilícito.

Leal quedó procesado por el supuesto cobro de sobornos para el direccionamiento de la licitación a favor de una empresa predeterminada, a la que se dio la custodia de bienes estratégicos de ARSAT en un galpón en San Fernando. Esos bienes terminaron robados y deteriorados.

El proyecto Shelter 2

Todo ocurrió en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada", en el cual ARSAT tenía a su cargo el aprovechamiento de los recursos necesarios para el desarrollo, la implementación y la operación de la Red Federal de Fibra Óptica. En ese contexto se desarrolló el Proyecto Shelter 2, que preveía la distribución e instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para garantizar la conexión a la Red que extiende la banda ancha de internet en todo el territorio nacional.

El juez remarcó que consideró necesario explicar esto en el dictado del procesamiento porque es la manera de entender lo que pasó: la contratación de la empresa ALS para guardar parte de los shelters. A su vez, esta firma alquiló poco antes el predio donde llevó adelante esa tarea.

Desde diciembre de 2020 al mismo mes de 2024, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, el funcionario mendocino y otros tres procesados exintegrantes de ARSAT, entre ellos su entonces segundo Gerardo Boschin, "se interesaron, en razón de su cargo" en las contrataciones que ARSAT realizó "sobre los servicios que prestaría a ALS, incluyendo aquellos asignados al depósito de la localidad de San Fernando".

En un "marco marginal" se extendieron 16 órdenes de compra autorizadas en todos los casos por Boschin y respecto de las cuales ARSAT abonó un total de 1.695.667,44 dólares y 32.210.287,09 pesos. "Ello a fin de obtener un ilegítimo beneficio patrimonial propio, de la persona jurídica mencionada, sus directivos y socios de hecho", remarcó la resolución judicial.

Las instalaciones y el robo

La firma estatal pagó ese total al proveedor seleccionado "por fuera de los canales oficiales habilitados" y que, al menos en lo atinente al espacio de guardado en el depósito de San Fernando, no cumplió con las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado. Esa circunstancia derivó en su deterioro y en el robo que dio origen a la causa penal.

Empleados de ARSAT declararon que las sustracciones de material de cobre valuado en miles de dólares se produjeron en shelters distribuidos en distintos espacios abiertos del predio donde existían aproximadamente cuatro cámaras. Ninguna funcionaba para grabar entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, cuando ocurrieron los robos.

El proveedor informó que debido a fallas en el equipo no se había logrado almacenar las grabaciones para el período de interés. Un testigo de esa firma declaró que a ALS se le vendieron e instalaron 25 cámaras y un receptor de todas las imágenes. Aclaró que no quiso contratar el servicio de mantenimiento que incluía el seguimiento de las cámaras. "A mí me consta que nadie les daba seguimiento a las cámaras", declaró, y dijo que no se instalaron en ninguna PC o monitor. "Fue una instalación barata".

"Total desinterés"

El predio tenía un cerco perimetral electrificado, ubicado por arriba de los paredones, pero se encontraba "en desuso y cortado por tramos". En cuanto a la seguridad, una cooperativa informó que se les contrató un guardia por turno para el acceso principal. Estos vigiladores declararon que las puertas de los shelters se abrían a veces por el viento.

Un técnico de ARSAT declaró que el galpón de ALS no era un lugar "adecuado". Los equipos "fueron trasladados a San Fernando porque se suponía que iban a estar mejor. Esto no es así". Los shelters no se colocaron contra el piso sino sobre tacos de madera y no se podía cerrar las puertas con llave por el desnivel. A veces quedaban con las puertas trabadas. Tampoco estaban energizados y eso impedía que ARSAT los monitoreara.

"Ha quedado en evidencia que esa selección de ALS por parte de los funcionarios de ARSAT se hizo con total desinterés acerca de si el proveedor podría suministrar adecuadamente los servicios contratados" y se basó en "negociaciones marginales" entre funcionarios públicos y particulares "mediante el pago de coimas", concluyó el procesamiento que ahora será revisado por la Cámara Federal de San Martín.