Carrera contra el reloj en el Senado

El dictamen de la nueva Ley de Discapacidad avanza, pero el quórum pende de un hilo

La convocatoria al plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Población y Desarrollo Humano, enfrenta serias dudas sobre la existencia de quórum, agravadas por la ausencia de legisladores que viajaron a seguir los comicios en Estados Unidos.
El Senado de la Nación se apresta a dictaminar la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa clave para dejar atrás el estado de emergencia que vence a fin de año. Sin embargo, la convocatoria al plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Población y Desarrollo Humano, enfrenta serias dudas sobre la existencia de quórum, agravadas por la ausencia de legisladores que viajaron a seguir los comicios en Estados Unidos.
 
La iniciativa, que ya cosechó una abrumadora mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados (236 votos a favor), llega a la Cámara alta con un texto blindado contra modificaciones sustanciales. El proyecto ratifica la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, su actualización automática por inflación y el acceso mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, consolida el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, garantizando la cobertura de salud básica bajo el Programa Incluir Salud.
 
Uno de los puntos más celebrados por los sectores dialoguistas es la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal. La norma habilita a los titulares del CUD a conservar el beneficio siempre que sus ingresos registrados no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Para blindar el financiamiento y evitar futuros vetos, el texto detalla partidas específicas del Ministerio de Salud y establece compensaciones automáticas desde el Tesoro si los fondos resultaran insuficientes, garantizando que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto al año anterior.
 
El esquema también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas cruzando datos con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Esto permitirá suspender preventivamente un beneficio ante incumplimientos objetivos, siempre bajo un "debido proceso inclusivo" que contemple notificación y rehabilitación provisoria. Asimismo, se obliga al Poder Ejecutivo a cancelar cualquier deuda pendiente con prestadores en un plazo máximo de 90 días tras la sanción de la ley.
 
Mientras la comisión de Presupuesto es presidida por el libertario Agustín Monteverde y la de Población por Alicia Kirchner, la negociación en la Cámara baja fue liderada por la oficialista Laura Rodríguez Machado. El Ejecutivo, en medio de internas complejas, debió ceder ante las condiciones del peronismo dialoguista para evitar que se impusiera una prórroga de la emergencia hasta finales del año próximo. Ahora, la pelota está en la cancha del Senado, donde el número para aprobar el dictamen se define hora a hora.