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Acueducto Gran Tulum: anularon las audiencias de formalización y las once personas investigadas siguen sin imputación formal

La jueza de Garantías Mónica Lucero declaró nulos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre de 2026, tras admitir parcialmente un planteo de las defensas. La magistrada había rechazado una recusación, pero omitió remitirla al Tribunal de Impugnación. Ahora ese organismo deberá decidir si continúa al frente de la causa o si corresponde apartarla.

La investigación judicial conocida públicamente como causa “Acueducto Gran Tulum” sufrió un nuevo revés procesal este martes 17 de noviembre, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero resolviera anular todas las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre de 2026, incluidas las jornadas de la audiencia de formalización desarrolladas hasta el momento.

La decisión se produjo después de que las defensas presentaran un pedido de nulidad absoluta el pasado 11 de noviembre, cuestionando el procedimiento seguido por la magistrada frente a una recusación formulada en su contra.

Si bien Lucero hizo lugar parcialmente al planteo, la resolución deja sin efecto los actos procesales cumplidos desde aquella fecha y obliga a revisar el desarrollo de una instancia fundamental para el avance de la investigación penal.

El conflicto se originó a partir de una segunda recusación presentada por Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, quienes solicitaron que la jueza dejara de intervenir en la causa.

Ambos fundamentaron su pedido en una denuncia penal que habían presentado contra la magistrada. Según su planteo, esa circunstancia impedía que Lucero continuara interviniendo en un proceso en el que ellos se encuentran investigados.

Sin embargo, la denuncia contra la jueza había sido presentada después del inicio de la causa. Este detalle resulta relevante porque el Código Procesal Penal de San Juan establece que una denuncia contra un magistrado puede constituir una causal de recusación cuando es anterior al comienzo del proceso.

El 13 de octubre, Lucero respondió que no compartía los argumentos expuestos por las defensas y manifestó su decisión de continuar a cargo de las actuaciones.

El problema procesal surgió porque esa respuesta no fue remitida al Tribunal de Impugnación, organismo que debía intervenir para resolver definitivamente el planteo de recusación.

La legislación procesal establece que, frente a una recusación, el juez cuestionado debe expresar si acepta o rechaza los motivos invocados y remitir las actuaciones al tribunal competente para que se pronuncie sobre su continuidad.

En este caso, la omisión de ese trámite fue utilizada por las defensas para solicitar la nulidad absoluta de las actuaciones posteriores.

Durante la audiencia de este martes, la magistrada reconoció la necesidad de corregir el procedimiento y resolvió hacer lugar parcialmente al pedido, declarando nulos los actos cumplidos desde el 13 de octubre.

La decisión comprende las jornadas de la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria que se habían desarrollado hasta ahora, por lo que esas actuaciones quedaron sin efecto.

Lucero también dispuso subsanar la omisión mediante el procedimiento de saneamiento previsto por la legislación procesal, ordenando que se remitan inmediatamente al Tribunal de Impugnación el escrito de recusación, su respuesta del 13 de octubre y los antecedentes correspondientes.

De esta manera, será ese tribunal el encargado de determinar si la jueza puede continuar interviniendo en la causa o si debe ser apartada.

La magistrada ordenó además que la Oficina Judicial informe al juez que corresponda según el orden de subrogancia sobre la existencia de la recusación en trámite, ante la posibilidad de que deba asumir la intervención judicial.

En su resolución también dejó constancia de que el planteo fue debatido durante la audiencia, con participación de las partes involucradas.

 

Asimismo, aclaró que las presentaciones de las defensas no suspenden automáticamente el desarrollo de la causa, sin perjuicio de las disposiciones específicas aplicables al trámite de recusación y de lo que finalmente resuelva el Tribunal de Impugnación.

La decisión abre ahora dos posibles escenarios procesales.

Si el Tribunal de Impugnación determina que Mónica Lucero puede continuar al frente del expediente, deberá realizarse nuevamente la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, debido a que las actuaciones anteriores fueron anuladas.

En cambio, si el tribunal dispone su apartamiento, la causa deberá continuar ante el magistrado que corresponda según el sistema de subrogancias.

La consecuencia inmediata de la resolución es que la formalización de la investigación todavía no se encuentra concretada.

Por ese motivo, las once personas alcanzadas por la investigación no tienen, hasta esta instancia, una imputación formalizada judicialmente en el marco de la audiencia correspondiente.

Esta situación no significa que la investigación haya sido archivada, que se hayan descartado los hechos investigados ni que las personas involucradas hayan sido desvinculadas del expediente.

La nulidad dispuesta afecta los actos procesales realizados desde el 13 de octubre, pero no constituye una resolución sobre la existencia o inexistencia de los hechos que dieron origen a la investigación.

La causa queda ahora pendiente de la decisión del Tribunal de Impugnación respecto de la recusación, un paso necesario para determinar qué magistrado deberá intervenir en la continuidad del procedimiento.

Mientras tanto, el proceso deberá reorganizar su instancia de formalización, después de que una omisión en el trámite de recusación provocara la anulación de las audiencias ya realizadas.

 



Fuente: Información judicial sobre la resolución dictada el 17 de noviembre de 2026 en la causa conocida como “Acueducto Gran Tulum”.

 

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