PAMI detectó una red nacional de fraude en prestaciones oftalmológicas | Cosmos Fm

Auditoría interna revela maniobras sistemáticas en múltiples provincias

PAMI detectó una red nacional de fraude en prestaciones oftalmológicas

Se documenta prácticas que incluyen sobrefacturación, prestaciones inexistentes.
ARGENTINA
02/05/2026
Una investigación interna del PAMI puso al descubierto una estructura organizada de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que operaba en distintos puntos del país. La auditoría, cuyos resultados fueron divulgados por el portal Infobae, documenta prácticas que incluyen sobrefacturación, prestaciones inexistentes, circuitos cerrados con conflicto de interés y cobros indebidos directamente a los afiliados.
 

El alcance de las irregularidades

Según el relevamiento realizado mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y auditorías prestacionales, las irregularidades no constituyen casos aislados. Los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, además de ciudades como Concordia. En varias de estas localidades se registraron cientos de casos por prestador, con una concentración de recetas en determinados profesionales muy por encima del promedio nacional.
 

Modalidades de fraude identificadas

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: se recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero se facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. Mientras el afiliado recibía un producto económico, el organismo abonaba uno de mayor costo. La diferencia es significativa: un módulo real tiene un valor de 4.941 pesos, mientras que los facturados alcanzaron los 27.204 pesos.
 
Otra práctica detectada son las prestaciones fantasma, con consultas registradas sin historia clínica o estudios que nunca se realizaron. En algunos casos, hasta el 50 por ciento de las órdenes carecía de respaldo médico. También se registró manipulación del sistema, con primeras consultas facturadas como seguimientos de mayor valor y uso de códigos específicos para inflar montos.
 
El informe advierte además sobre circuitos cerrados con conflicto de interés, en los que médicos derivaban sistemáticamente a una misma óptica, en algunos casos con vínculos familiares directos. A esto se suma el cobro indebido a afiliados: se ofrecían lentes premium fuera de cobertura, mientras el lente básico se facturaba al PAMI, generando una doble percepción de ingresos. Se detectaron casos de pagos de hasta 1.500 dólares más 353.500 pesos por prestaciones que debían ser gratuitas.
 

Casos concretos por región

En Santiago del Estero, una óptica y una sociedad comercial acumularon 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio estimado en 10,4 millones de pesos y el 95 por ciento de las derivaciones concentradas en un mismo prestador con vínculo familiar directo. En Mar del Plata, un centro oftalmológico combinó cobros indebidos a afiliados con 58 prestaciones sin historia clínica. En Entre Ríos, un profesional registró 613 casos de sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo clínico y recetas sin dioptrías. El esquema también fue detectado en La Rioja y en Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un solo médico.
 

Contexto de la investigación

La auditoría oftalmológica se inscribe en una investigación más amplia sobre el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas que el organismo lleva adelante desde 2023. Las pesquisas previas ya habían revelado maniobras como simulación de consultas, falsificación documental, uso indebido de datos personales y facturación de prácticas inexistentes.
 
Actualmente hay al menos seis causas judiciales en curso, impulsadas por el Instituto y la UFI-PAMI en la Justicia Federal. Entre los patrones detectados figuran médicos que emitían órdenes sin atender pacientes, farmacias que dispensaban recetas falsas y centros que compartían credenciales profesionales.
 
Uno de los expedientes más avanzados tramita en la Justicia Federal de Rafaela, donde el fiscal Jorge Gustavo Onel solicitó elevar a juicio una causa contra un médico de 72 años y una farmacéutica por defraudación a la administración pública. La investigación determinó que emitieron 636 recetas apócrifas a nombre de 78 jubilados, con rastreo de IP que ubicó el origen en una farmacia. El caso se inició tras la denuncia de una afiliada que detectó medicamentos que nunca había solicitado.
 

Volúmenes incompatibles con la práctica médica

Las auditorías también detectaron volúmenes de prestaciones incompatibles con la práctica médica real. En gastroenterología, un prestador declaró 283 prácticas en cinco horas; en cardiología, se registraron 689 órdenes en un solo día, lo que implicaría jornadas de trabajo de más de 80 horas.
 

Respuesta institucional y medidas implementadas

El proceso de control se enmarca en una política de saneamiento impulsada por la conducción del organismo, encabezada por Esteban Leguízamo. Según datos oficiales, al asumir se detectó un fuerte déficit financiero y problemas estructurales, como la venta de recetas falsas y un ciberataque que comprometió datos de más de 5 millones de afiliados.
 
Desde entonces, el PAMI implementó controles más estrictos, con monitoreo permanente, auditorías continuas, trazabilidad digital, validación de identidad y penalizaciones automáticas ante desvíos. Las medidas incluyen sanciones administrativas y penales. Fuentes del organismo señalaron que esta gestión no encubre, investiga y denuncia, con un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos.
 

Perspectivas y próximos pasos

Con investigaciones en curso y nuevas auditorías en marcha, el Instituto avanza sobre uno de los esquemas de fraude más extendidos detectados en los últimos años. El objetivo declarado es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados, restaurando la confianza en un sistema esencial para la salud de millones de adultos mayores.
 
La evolución de las causas judiciales y los resultados de las próximas auditorías permitirán dimensionar con mayor precisión el impacto económico de estas maniobras y evaluar la efectividad de las medidas correctivas implementadas.
 
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