Legislativas

Bullrich anunció cambios en la Ley de Tierras para asegurar su aprobación en el Senado

La jefa del bloque oficialista confirmó que se elevó al 25% el límite de venta de tierras a extranjeros y se prohibió la compra por parte de Estados. El proyecto se votará este jueves y enfrenta resistencias internas y de la oposición.
La senadora Patricia Bullrich presentó un nuevo dictamen del proyecto de Ley de Tierras con modificaciones clave para garantizar su tratamiento en la sesión del Senado prevista para este jueves. La iniciativa original, que no establecía restricciones, ahora fija un tope del 25% para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, superando el límite vigente del 15%.
 
En conferencia de prensa, Bullrich detalló que los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales en Argentina. Además, cualquier operación realizada por personas jurídicas con participación estatal directa o indirecta requerirá la autorización conjunta del Gobierno nacional y de la provincia correspondiente. Todas las adquisiciones deberán inscribirse en un registro especial del inmueble provincial.
 
Los cambios responden a las exigencias de sectores de la oposición dialoguista y de gobernadores que condicionaban su apoyo a la inclusión de salvaguardas sobre la soberanía territorial. Sin estas modificaciones, el oficialismo corría el riesgo de no alcanzar los votos necesarios en la Cámara Alta.
 
El proyecto genera divisiones dentro del propio espacio libertario. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa, marcando una diferencia con la postura del presidente Javier Milei. También expresaron reparos senadores radicales y del PRO, así como legisladores de Encuentro Misionero, quienes recibieron presión de actores sociales de sus provincias.
 
De aprobarse en el Senado, la norma volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El debate se centrará en el equilibrio entre la atracción de inversiones productivas y la protección de la integridad territorial, dos ejes que atraviesan las negociaciones políticas actuales.
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